Por Ariel Bermúdez
Durante más de doce años mantuve la convicción inquebrantable de que la Justicia en la
provincia de Santa Fe debía dar un verdadero salto de calidad democrática. No se trataba
de una reforma técnica ni de un simple ajuste de procedimientos: hablábamos de devolverle
al ciudadano de a pie el rol protagónico que la Constitución de 1853 le otorga desde sus
orígenes. Hoy, con el sistema de Juicios por Jurados plenamente vigente y en
funcionamiento en todo el territorio provincial, podemos afirmar un hecho histórico: logramos
la democratización de la justicia en Santa Fe.
Una causa compartida y años de persistencia
El camino hasta este presente no fue casualidad, ni producto de la improvisación.
Respondió a un trabajo perseverante que comenzamos a empujar hace más de una década
desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, convencidos de que la ciudadanía estaba
preparada para asumir el compromiso ético de juzgar. En esa labor, fue clave la articulación
con organizaciones de la sociedad civil con enorme solvencia técnica y académica, como el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que acompañó
con sus especialistas, cada etapa de este proceso. También el trabajo junto a juristas,
académicos y referentes comunitarios, redactamos iniciativas, promovimos debates y
resistimos la inercia de un sistema que durante años prefirió la comodidad de los despachos
a la apertura popular.
Ese esfuerzo sostenido encontró su punto de inflexión cuando coincidieron dos condiciones
esenciales: la maduración de un amplio consenso dentro del Frente Unidos para Cambiar
Santa Fe y la firme decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro. El Poder Ejecutivo
provincial entendió que la seguridad, la transparencia y la institucionalidad no podían seguir
esperando. Asumió la bandera del Juicio por Jurados y luego de unificar distintas
propuestas, logramos darle tratamiento en el período de sesiones extraordinarias de 2024
donde alcanzó la sanción definitiva, punto en el que se consolidó esta conquista de todos
los santafesinos.
La eficiencia demostrada en números y hechos
Lejos de los temores que algunos sectores auguraban sobre la falta de preparación técnica
de los jurados o el posible ausentismo de los convocados, la realidad práctica demostró una
efectividad contundente. Las evaluaciones e informes brindados este año por la Fiscal
General del MPA, Dra. María Cecilia Vranicich, y por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia provincial, Dr. Rafael Gutiérrez, confirman el éxito de la herramienta: asistencia e
implicación impecables, satisfacción en la participación y el rigor de los veredictos de los
jurados.
El índice de respuesta y presentismo de los ciudadanos sorteados para integrar los jurados
supera las expectativas de cualquier carga pública provincial. La sociedad ha respondido
con rigor, puntualidad y una enorme responsabilidad cívica.
De acuerdo con los relevamientos realizados al finalizar los debates, más del 90% de los
santafesinos que formaron parte de un jurado declararon haber modificado positivamente su
percepción sobre el funcionamiento de la Justicia, manifestando una alta satisfacción por el
respeto y la imparcialidad vividos en el proceso.
Los procesos desarrollados en las circunscripciones de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto,
Rafaela y Reconquista, en estos primeros cinco juicios, demostraron que los veredictos
populares —al basarse estrictamente en las pruebas expuestas por fiscales y defensores—
no solo se resuelven en tiempos notablemente más breves, sino que aportan una solidez
institucional incuestionable, la pata que le faltaba a la justicia provincial.
Un cambio de paradigma institucional
Permitir que doce vecinos y vecinas —con paridad de género y representatividad de la
comunidad— deliberen en los delitos penales más graves significa romper con la brecha
entre la sociedad y un poder judicial percibido habitualmente como distante. Obliga a
abogados y fiscales a abandonar lenguajes y modismos encriptados para expresarse de
una manera clara y sin vueltas, con argumentos sólidos y accesibles para que desde el más
pudiente al más humilde lo puedan entender.
Decir que logramos la democratización de la justicia en Santa Fe no es una frase hecha.
Es el resultado de una sociedad santafesina que tiene voz, voto y sentido común en las
decisiones más sensibles que afectan la convivencia social.
Consolidar esta transformación requiere sostener la exigencia de capacitación y el
monitoreo permanente. Pero este balance confirma que cuando la política se acerca a la
gente y trabaja de forma planificada con las instituciones, los cambios estructurales son
posibles. La justicia en Santa Fe dejó de ser un privilegio de pocos para convertirse, de
manera irreversible, en un patrimonio de todos los santafesinos.